Demandar en el Juzgado de lo Social por horas impagadas

Las controversias entre trabajador y empresa sobre salario y horas de trabajo pertenecen a la jurisdicción social, regulada por la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS). El órgano de primera instancia es el Juzgado de lo Social del lugar de prestación de servicios o del domicilio de la empresa.

Una precisión de terminología importante: en España no existen los «prud'hommes» ni los «tribunales del trabajo» de otros países. El escrito con el que se inicia el pleito se llama demanda, y el trámite previo obligatorio, la papeleta de conciliación. Usar los términos correctos no es un detalle: es lo que garantiza que tu documentación encaje con el sistema español.

No se puede presentar la demanda «en frío». El artículo 63 LRJS exige, como «requisito previo para la tramitación del proceso», haber intentado la conciliación (o mediación) ante el servicio administrativo correspondiente —el SMAC o su equivalente autonómico—. Solo con el acta de «sin avenencia», de conciliación intentada sin efecto o de incomparecencia de la empresa se puede acudir al juzgado. Por eso la demanda casi siempre va precedida de la papeleta.

Una de las grandes ventajas del sistema español es que el trabajador no paga tasas judiciales en el orden social: las personas físicas están exentas. Además, no es obligatorio ir con abogado en la instancia; puedes comparecer por ti mismo o hacerte representar por un sindicato, un graduado social o un abogado.

Dicho esto, contar con asistencia profesional es muy recomendable. Cuantificar bien la deuda, ordenar la prueba y calcular los intereses marca la diferencia entre una demanda sólida y una que se pierde por falta de concreción.

En una reclamación de horas extra, la clave está en probar que las horas se hicieron. Aquí la ley juega a tu favor. El artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores obliga a la empresa a llevar un registro diario de jornada con el horario concreto de inicio y fin de cada trabajador, y a conservarlo durante cuatro años a disposición del propio trabajador y de la Inspección de Trabajo.

Este deber se apoya en la jurisprudencia europea: la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea C-55/18, CCOO contra Deutsche Bank, de 14 de mayo de 2019, exige a los Estados un sistema «objetivo, fiable y accesible» de medición del tiempo de trabajo. La ausencia o la carencia de ese registro juega en contra de la empresa. No conviene prometer un «vuelco automático» de la carga de la prueba, pero sí es cierto que la falta de registro debilita mucho la posición del empresario.

Junto al registro, sirven como prueba los correos electrónicos, los cuadrantes de turnos, los partes de trabajo y los testigos (compañeros que conozcan tus horarios).

La deuda no se agota en el principal. Hay dos capas de intereses:

• Interés por mora salarial: 10 % anual sobre lo adeudado (art. 29.3 ET). Es un interés legal específico del salario, que puedes pedir desde la exigibilidad de cada mensualidad, sin necesidad de convenio.
• Interés procesal (art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil): desde la sentencia de primera instancia, la cantidad reconocida devenga el interés legal del dinero incrementado en dos puntos. Con el interés legal fijado en el 3,25 % para 2023-2026, el interés procesal es del 5,25 %.

Si la sentencia del Juzgado de lo Social no te satisface, la LRJS prevé recursos:

• Recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de tu Comunidad Autónoma.
• Recurso de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en supuestos tasados (por ejemplo, para unificar doctrina).

Conviene recordar que no toda sentencia es recurrible: hay umbrales de cuantía y requisitos formales estrictos. Por eso una demanda bien planteada y probada desde el inicio es la mejor garantía.

• La conciliación previa (SMAC): qué es y cómo presentar la papeleta
• Cómo probar las horas extraordinarias ante el Juzgado de lo Social
• Intereses por horas extra impagadas: el 10% del artículo 29.3 ET